La doctrina tradicional del Tribunal Supremo es que las condiciones generales incluidas en contratos entre empresarios están sometidas al control de incorporación o inclusión, pero no al control de contenido ni al control de transparencia. Esta tesis ha sido modificada por la STS de 3 de junio de 2016, que admite una suerte de control de transparencia y deja abierta la puerta a un posible control de contenido. En este trabajo se expone críticamente la doctrina contenida en esta importante sentencia.