El documento analiza la STJUE de 5 de marzo de 2020, que aborda la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor antes de conceder un crédito. La sentencia establece que el juez nacional debe examinar de oficio si se ha incumplido esta obligación y aplicar las sanciones correspondientes, independientemente de si el consumidor solicita la nulidad del contrato.