Este documento analiza la práctica de los vendedores que obligan a los consumidores a financiar el precio de un bien, impidiendo el pago al contado. Se examina la legalidad de esta práctica a la luz de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo, concluyendo que puede considerarse abusiva y nula, ya que impone un servicio no solicitado al consumidor.