Este documento aborda la cuestión de la condena en costas en los procesos civiles que involucran a consumidores, a partir de una consulta realizada por la Dirección General de Consumo de Castilla-La Mancha. Se examina si un consumidor puede ser condenado a pagar las costas en litigios contra empresarios, especialmente en situaciones donde actúa sin abogado y procurador, y se analizan las implicaciones de esta condena en relación con los gastos que podría tener que asumir.

Se presenta un esquema que incluye la regulación de las costas según la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), los criterios para determinar a quién se le imponen las costas y el tratamiento específico de los casos en que no es obligatoria la intervención de abogado y procurador. Se destaca la fragmentación de la normativa sobre costas en la LEC y se clarifica la distinción entre gastos y costas, así como las partidas que se consideran como costas del proceso.