La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, ha sido objeto de una doble reforma reciente, destacando la modificación del artículo 34.1 por la Ley 12/2012. Esta reforma corrige una errata en la referencia a "artículo 2", que en realidad debía ser "apartado 2", y establece que el incumplimiento de las disposiciones de la Ley será sancionado como infracción en materia de consumo, dependiendo de si el prestamista es una entidad de crédito o no.

La modificación busca aclarar el régimen sancionador aplicable, diferenciando entre entidades de crédito y otros prestamistas, y se fundamenta en una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Aunque la corrección es principalmente técnica, es esencial para la correcta interpretación y aplicación de la ley en materia de protección al consumidor.