La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1999 aborda la resolución de contratos de compraventa y arrendamiento financiero en casos de defectos en el objeto adquirido. Se confirma la doctrina previa sobre la interdependencia de estos contratos y la posibilidad de que el usuario demande la resolución por incumplimiento del vendedor, destacando la importancia de la cláusula de subrogación de acciones en favor del usuario.