El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia sobre la interpretación de la Directiva 1999/44/CE, que aborda la obligación del juez nacional de examinar de oficio si el comprador tiene la condición de consumidor en litigios relacionados con contratos de venta de bienes de consumo. Esta obligación se establece para garantizar la protección del consumidor, incluso si este no ha alegado expresamente su condición.