Una de las cuestiones más litigiosas en los últimos años es la cláusula de gastos incluida en los préstamos hipotecarios, que impone al prestatario el abono de todos los gastos que ocasiona la constitución del préstamo hipotecario. En este trabajo se examina quién debía abonar cada gasto (notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación e impuesto de actos jurídicos documentados) antes de la entrada de vigor de la Ley 5/2019, de contratos de crédito inmobiliario, y los efectos de la nulidad de la cláusula de gastos (¿devolución total al prestatario o sólo devolución parcial?). La nueva Ley 5/2019 ordena esta materia y da seguridad jurídica, pues establece en su art. 14.1.e) qué gastos debe soportar cada parte, y cómo se distribuyen esos gastos de constitución en caso de cambio de prestamista.