De todos es sabido que España es un país en el que los esfuerzos aplicados a la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa no dan frutos equivalentes a los que empeños parecidos producen en otros países. Pero si bien los cursos y academias de inglés son infraproductivos en España, constituyen por el contrario una inagotable fuente de pleitos y controversias en los que se consolida el Derecho de consumidores, de contratos en general. Media jurisprudencia civil española (y acaso me quedo corto) relativa a reclamaciones de consumidores contra los prestadores de servicios tiene que ver con los cursos de inglés a distancia que se venden como productos y servicios fuera de establecimiento y con las academias de inglés on demand cuya matrícula se financia por una entidad financiera. Mucho han hecho empresas como CEAC para que se construya un abundante cuerpo de doctrina sobre el derecho de revocación de la compra a distancia, y empresas como OPENING y WALL STREET para disponer de un riquísimo cuerpo de Jurisprudencia relativo a los contratos.